Piden organizaciones judiciales reponer proceso de elección de magistrados

. YOSELIN GARCIA HERNANDEZ. …………………………………….

Fortalecer la convocatoria, ya que el número de días necesarios para concretar un nombramiento exitoso fue insuficiente, esto mermó el espacio para difundir la convocatoria y promover la postulación de un número adecuado de personas interesadas.

Respetar el principio de paridad de género y el servicio civil de carrera. Se observó que algunas vacantes se restringieron para las mujeres y para personal de carrera.

Las organizaciones y personas abajo firmantes hacemos un enérgico llamado al Congreso de Chihuahua a reponer el proceso que está en curso para nombrar a siete personas magistradas. El proceso se ha desarrollado con prisas, sin criterios objetivos, de manera opaca y con múltiples irregularidades en su desarrollo.

 En primer lugar, el proceso se realizó de manera exprés. La convocatoria se publicó el pasado 16 de noviembre, en una edición especial del periódico oficial del estado, para abrirse al día siguiente y dejar apenas seis días para que las personas interesadas pudieran postularse, atravesándolo un fin de semana y un día festivo, lo cual no constituyó un tiempo adecuado para que las personas interesadas pudieran postularse y presentar los documentos requeridos. Adicionalmente, la Comisión Especial encargada de revisar los perfiles de las personas postulantes y proponer ternas al Congreso solamente tuvo dos días para revisar los perfiles de las 95 personas que se postularon, un tiempo insuficiente para el desarrollo de un análisis serio y exhaustivo, lo cual fue señalado por algunos legisladores durante la sesión de la Junta de Coordinación Política en la que comparecieron algunas personas candidatas.

 Aunado a lo anterior, pese a que la convocatoria establece que el proceso deberá sujetarse al principio de paridad de género, ésta pervierte el mismo al permitir la postulación a algunas de las vacantes exclusivamente a hombres o exclusivamente a personas externas, lo que implicó, por ejemplo, que ninguna jueza penal o civil pudiera aspirar al cargo.

El procedimiento pone en desventaja a las juezas, quienes, de por sí, tradicionalmente han sido sobre presentadas en el Poder Judicial y han tenido un escaso acceso al cargo de magistrada.

Esto representa una situación de discriminación, frente a la cual algunas personas juezas del mismo Poder Judicial presentaron amparos y lograron la suspensión del proceso de designación de algunas de las vacantes.

 Todo ello parece apuntar a que el proceso busca permitir la captura política de estos espacios, pues privilegia a ciertas personas con vínculos muy cercanos con partidos políticos. Así, dentro de las personas que alcanzaron a integrar las ternas está alguien que fue dirigente del Partido Verde en la entidad, otra persona que fue dirigente del PRI en la capital del estado y una más militante de Movimiento Ciudadano.

 Por otra parte, como lo denunciaron algunos legisladores, la Comisión Especial de Postulación no transparentó los currículums de las personas aspirantes que seleccionó para participar en las ternas, ni justificó en su dictamen los criterios con base en los cuales propuso a las personas que las integran.

 Además, algunos legisladores señalaron que no se les compartió con antelación la metodología para el desahogo de las comparecencias, violando las reglas del procedimiento legislativo.

 Finalmente, se debe recordar que este proceso de designación se está realizando con base en una reforma constitucional aprobada el año pasado, que prevé que la terna sometida al Congreso sea propuesta por la Comisión Especial integrada por un representante del Ejecutivo, uno del Legislativo y otro del Judicial, en lugar de que sea propuesta por el Consejo de la Judicatura, con base en un concurso de oposición, como se realizaba anteriormente. De hecho, esta reforma fue impugnada mediante una acción de inconstitucionalidad cuya resolución está pendiente.

 Por todas estas razones, vemos con mucha preocupación el proceso en curso que parece buscar la captura política de los cargos de personas magistradas y solicitamos a los y las disputadas de Chihuahua tomarse en serio estos nombramientos y reponer el proceso para que se realice de manera transparente, objetiva, en un tiempo adecuado y con base en la perspectiva de género.