¿Por qué fracasa Gertz Manero y las fiscalías federales de México?

Cuando el fenómeno de la Oclocracia hizo su presencia abiertamente en México, en manos de una caterva de menesterosos izquierdistas inspirados en un pasado trasnochado, la nación se vino prácticamente abajo porque ha crecido tanto la anarquía que cuando menos cerca del 40 por ciento está dominado por el poder del facto que representa los tentáculos criminales del narcotráfico. En nuestro sistema de justicia penal se entiende que las fiscalías de la República deben de realizar un esfuerzo a fin de dar comprobación a la verdad jurídica, ese brío debe ser tendiente a corroborar la verdad real respecto a determinados hechos delictivos, para en su caso poder formular una imputación sólida en contra de determinada persona, indicada o reconocida como autor o participe del delito. Es la posición política y jurídica de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., al hacer referencia a los vaivenes que como nación, fortuitamente se ha enfrentado frente a una Cuarta Transformación que como tesis, pudo ser una corriente “salvadora”, pero fue desviada por un presidente que entregó al país en bandeja de oro a los barones del narco, decretando, primero, el orden “jurídico” de una “amnistía” -que no tiene nada que ver con la Seguridad Nacional-, y luego, la ocurrencia del Ejecutivo, al tratar de desvirtuar el Estado de Derecho con su famosa frase “abrazos no balazos”. ¿Cuándo México se había enfrentado a tanta perversidad que para las nuevas generaciones podrán justamente reclamarle a esos bisoños aprendices de comunistas, haber nacido en un mundo hostil e ideologísta perdido en su propia corrupción, maquinando día con día, un régimen de destrucción?, es el reclamo social. Se suma el egoísmo eterno y sin alma de esos agentes que hoy detentan el poder presidencial, que sin alma ni corazón, se aran día con día, campos en la ira de su corazón, cediendo el encanto de su averricidad sin límites, espacios vacíos, llenándose con sangre millones de hogares de hermanos mexicanos, que algún día, el mismo pueblo despertará que habrá de cobrarse esa cuota en un castigo electoral. El órgano de estudios superiores en materia de Derecho Penal, hace especial hincapié que es este un atrevimiento que somete a sí mismo toda la actividad procesal contenida en las carpetas de investigación iniciadas en las representaciones sociales, dado que el comprobar la verdad real constituye a un mismo tiempo, no sólo un método para la conducción del juicio de imputación, sino el medio y camino para conseguir la finalidad más elevada de la justicia, aplicando concretamente el Código Penal al caso concreto. El jurista y abogado italiano Francesco Carnelutti, fallecido el 8 de marzo de 1965, en sus estudios “La Prova, Roma, 1915, Página 12”, consideró a la prueba como un medio para la comprobación de la identidad de la situación planteada por la norma contenida en el Código Penal, la demostrativa según su leal entender es un fin o medio según la percepción jurídica que se estime. Las Garantes de la Sociedad de toda la Nación, han mantenido la insana costumbre de pretender judicializar sus carpetas de investigación con simples hipótesis, dichos, ocurrencias, decires o chismes, lo que por consecuencia lógica jurídica arroja un fracaso para la justicia, descrédito y falta de conocimiento en su misión constitucional. Ello –añade la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México-, se debe a las muy escasas sentencias condenatorias que se emiten, arrojando una falta de confiabilidad y credibilidad en dichas instituciones de procuración de justicia por aquella carencia de esfuerzos enderezados a descubrir y a comprobar la verdad. Para que Alejandro Gertz Manero y todas las Fiscalías de la República logren el objetivo de obtener sentencias condenatorias, se requiere una serie de múltiples y variadas indagaciones encaminadas todas a recoger y presentar los elementos que sirvan para reconstruir la historia de los hechos acontecidos a consecuencia del delito cometido, a fin de que la hipótesis de la acusación se concrete como hecho comprobado y desaparezca en el olvido la hipótesis que las más de las veces puede resultar falsa. Esa es la importancia de la prueba de la cual carece la mayoría de esas carpetas de investigación, apuntó la citada Academia. Los agentes del ministerio público de toda la Nación deben de saber que las demostrativas penales están vinculadas a un interés público tan elevado, dado que dichas pruebas constituyen un objeto peculiar de tutela jurídica penalmente sancionable. Numerosos y eximios juristas del ayer y del presente, se han manifestado en todo tiempo para celebrar la importancia en la que radica la prueba en materia penal. El jurista filipino Tomás Mascardo, fallecido el 7 de julio de 1932, enseño en su “Concl, proem, número 4” que en todo el inmenso campo del derecho no puede encontrarse nada más fecundo y amplio que la materia probatoria. Y agregó que toda la fuerza del proceso está en la prueba iudicii tota vis iu probatione inest. Expuesto lo antedicho, la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, refirió que la FGR y la mayoría de representaciones sociales de la Nación, han sido omisas y se oponen frontalmente a estos conocimientos. “Se puede afirmar dado el enorme fracaso que han tenido en múltiples pedidos de justicia contenidos en sus carpetas de indagación, que les han sido denegados por la carencia de no haber suministrado en el proceso el conocimiento de convicción de la existencia o verdad de ese hecho. “Es por ello que sus hipótesis, decires, ocurrencias o chismes no concretan en una justicia que la Nación merece”, puntualizó el prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz, quien es presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México. Es del dominio público recordar que Alejandro Gertz Manero ha fallado de todas-todas, ya que cuando expuso su plan para combatir la corrupción y la impunidad, llamó a acabar con “pactos” indebidos en este terreno, es decir, reafirmó su destreza de verborrea. “Cualquier pacto de impunidad sería el más doloroso fracaso de esta institución y de quien la dirija”, presumiría, a tres años de su función pública como fiscal, su actuación ha sido un desastre por la omisión y ser consecuente con el crimen organizado que desde Palacio Nacional, prácticamente el Ejecutivo federal le amarró las manos para no actuar con justicia, y proteger el aparado criminal que representa el poder del narcotráfico que ha creado un régimen de gobierno de facto, paralelo al Constitucional.