Publicación de la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano, buena oportunidad para fortalecer financiamiento federal al transporte

La Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus siglas en inglés), buscan que la Política Nacional de Transporte Público Colectivo Urbano (PNTPCU), sea considerada en las nuevas reglas de operación del Programa de apoyo federal al transporte masivo (Protram), para fortalecer los instrumentos financieros locales y nacionales en este rubro.

Hasta ahora, según explicó Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Comunicación de WRI, el financiamiento federal a gobiernos locales y estatales cubre hasta el 50% de la inversión a proyectos de transporte masivo, pero solamente a la infraestructura vial y de transporte público.

La reciente publicación del PNTPCU, dijo, se presenta como una buena posibilidad para ser considerada en las reglas de operación del Protram y lograr que poblaciones de hasta 500 mil habitantes reciban financiamiento federal para el reordenamiento de sus rutas, adquisición de vehículos, operación y desarrollo de estudios.

El PNTPCU es un instrumento de reciente creación que constituye una guía de elementos para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno asuman acciones para la mejora del transporte colectivo urbano a nivel nacional, reducir las desigualdades en las ciudades mexicanas, transformar la calidad de la prestación del servicio público y promover los principios de movilidad y seguridad vial, por lo que la AMTM ha buscado la opinión de diversos especialistas acerca de las innovaciones de este nuevo instrumento de reciente aprobación, que próximamente será publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Para Jimena David, especialista en Planificación Urbana y gerente de Incidencias y Asuntos Públicos para WRI, uno de los temas más sensibles que aborda el PNTPCU se refiere a establecer claridad en la política tarifaria estatal, para que no esté sujeta a condiciones de negociación política, sino a condiciones técnicas, como cuánto cuesta operar el sistema de transporte.

Consultada sobre la existencia de instrumentos similares en otras partes de América Latina, la también coordinadora de la Secretaría Técnica de la AMAM, confirmó que sí existen modelos semejantes en otros países, pero no con la especificidad interna que tiene en México. Lo más innovador, dijo, es que tiene un mecanismo de implementación que se puede adaptar a diferentes casos, por lo que es posible ir avanzando conforme las necesidades locales.

Sí hay otros instrumentos en América Latina, aclaró, lo que estamos diciendo es que hay diferencias entre el PNTPCU e instrumentos de otros países, porque éste no busca que todas los estados y ciudades lleguen al mismo punto, sino que parte de las necesidades del transporte local, mientras que las otras políticas generalmente toman a todos los estados, ciudades o gobierno subnacional desde punto partida, la diferencia fundamental

La ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia es una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad, afirma.

El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que en México “hay un déficit muy delicado” en la procuración e impartición de justicia, ya que la falta de confianza, corrupción e impunidad en las instituciones, son problemas persistentes que afectan al Sistema Judicial.

Durante el noveno y último foro de los “Diálogos Nacionales para la reforma al Poder Judicial”, el senador afirmó que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas, ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla.

 Además, dijo, el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha restado credibilidad en la actuación y pérdida de la legitimidad en sus decisiones.

 “Es decir, que la falta de confianza, la corrupción y la impunidad en las instituciones, son problemas persistentes que afectan al Sistema Judicial”.

 Ricardo Monreal expresó que, ante este lamentable contexto, la propuesta que presentó el titular del Ejecutivo Federal pretende que se integren órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación y que éstos sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad.

 Además de que sean sensibles a la problemática que aqueja a la ciudadanía para contar con un Poder del Estado que con auténtica vocación del servicio público que abarque a todos los sectores sociales.

 Lo anterior, acotó, no quiere decir que el Sistema de Justicia se integra únicamente con el Poder Judicial, pues los otros dos poderes tienen también responsabilidad del Estado, ya que, mediante las funciones legislativas y ejecutivas que a cada uno le corresponden, o bien por medio de actos que la misma Constitución les encomienda, ejercen su función de manera cabal.

 El senador recordó que la intervención entre Poderes ha sido cuestionada y distorsionada en los últimos años debido a la percepción de desequilibrio causada por una “influencia excedida y desmedida” del Poder Judicial en las funciones que le corresponden al Legislativo y al Ejecutivo.

 Particularmente, comentó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha intervenido en una posición de “abierta confrontación respecto de los otros dos poderes”, suspendiendo la aplicación de leyes, que a menudo excede sus competencias y crea un “conflicto” con los principios de supremacía constitucional de intromisión a la división de poderes.

 Tal escenario, precisó, vuelve necesario revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los Poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas.

 “Por eso es que estamos intentando los legisladores modificar y actuar para recuperar la auténtica división de poderes que nuestra Constitución prevé”, enfatizó Monreal Ávila.