Reclamo de la sociedad civil MAAS Infancia Feliz al Poder Judicial de CDMX

Al tiempo de solicitar audiencia con el Magistrado Presidente Rafael Guerra Álvarez, la organización de la sociedad civil MAAS Infancia Feliz denunció que en lugar de redignificar los derechos de la niñez, los psicólogos del área de Intervención del Poder Judicial de la Ciudad de México, dejan a los menores sin protección y susceptibles a la revictimización debido a sus omisiones e intereses.

Explica que en la Dirección Especializada de Intervención Psicológica para Apoyo Judicial se permite que su subdirector, Rubén Jorge Salazar Ojeda, además de firmar documentos oficiales con un aparente título de posgrado no acreditado, lleve a cabo malas prácticas que transgreden aún más a los menores.

“La mala aplicación de protocolos de actuación en las diligencias donde intervienen niñas, niños y adolescentes por parte de los psicólogos del área de Intervención y Terapias de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial (DEIPAJ) del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), dejan en total indefensión a los menores y evidencia la negligencia de sus funcionarios”, denunció Miguel Ángel Plata Mejía, fundador y presidente de la organización civil MAAS Infancia Feliz.

Explicó que también son evidentes las interpretaciones distorsionadas de los especialistas de esta área con los infantes, al omitir documentar en audio y video al testigo de las diligencias dentro de la Cámara Gesell, lo que los deja en un premeditado desamparo.

“Estos resultados sesgados no permiten ser revisados por un colegio de expertos y psicólogos, con el pretexto de que no se documenta por temas de privacidad, lo que deja a su interpretación unilateral y en varias ocasiones con una conclusión ajena a la protección de la niñez”, dijo.

Acreditó, por ejemplo, el caso de dos menores de edad, que se encuentra visible en el expediente 560/2017 del Juzgado Trigésimo Quinto Familiar de la Ciudad de México, quienes quedaron en una situación que vulnera todos sus derechos ante la manipulación parental sistemática que rompe el vínculo paterno filial y que los psicólogos de esta área pretenden omitir.

Plata Mejía indicó que aunado a estas irregularidades, dicha dirección a cargo de Mariana Ortiz Castañares –hija del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti—, permite que uno de sus subdirectores, Rubén Jorge Salazar Ojeda, firme documentos oficiales con un título de maestría, el cual no está acreditado en el Registro Nacional de Profesionistas.

Al respecto, el especialista en derecho penal e integrante de MAAS Infancia Feliz, Ramón Ramos Becerril, evidenció que Rubén Jorge Salazar Ojeda se encuentra detrás de las graves omisiones en la intervención psicológica de infantes que se encuentran en procesos judiciales de guarda y custodia, régimen de visitas y convivencias y otros procesos.

Como especialista en la materia, enfatizó que este funcionario podría incurrir en el delito de usurpación de funciones al firmar documentos oficiales con un título de Maestro en Psicología, que no avala la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“El delito de usurpación de funciones se encuentra tipificado en el artículo 276 del Código de Procedimientos Penales vigente para la Ciudad de México y contempla de 1 a 6 años de prisión y de 100 a 500 días de multa”, subrayó.

El presidente de MAAS Infancia Feliz consideró que el subdirector de Intervención Psicológica y Terapias de la DEIPAJ-PJCDMX, Rubén Jorge Salazar Ojeda, promueve la desinformación con sus subordinados en materia de interferencia, manipulación sistemática y/o alienación parental.

“Esto incluye fundamentarse en la publicación de libros y artículos con fraude científico de los cuales hace más de un año ha sido informada la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que redundan en la violación sistemática a los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y Adolescentes a convivir con toda su familia”, insistió.

Resaltó en la función de la DEIPAJ, misma que abre un espacio para preguntarse cómo afecta a la sociedad que el nepotismo e influyentismo persistan dentro de las esferas de la justicia y cuál es su impacto en la desprotegida niñez mexicana.

Alertó que los niños, niñas y jóvenes de la capital del país, que llegan a la DEIPAJ enfrentan una serie de omisiones por parte de los especialistas en intervención psicológica y terapias, y los adultos también son susceptibles a las malas prácticas de los psicólogos de esta área, que sugieren acabar con las convivencias filio parentales sin importarles que antes que todo es derecho de la niñez convivir con ambos progenitores.

“Sugerir cancelarlas de forma unilateral, sin contexto y omitiendo la manipulación es un atentado y violación flagrante al derecho al libre desarrollo de la personalidad de las niñas, los niños y adolescentes, lo cual amenaza el interés supremo de la niñez”, acentuó en comunicado.

Sin embargo, el activista reconoció el avance de otros psicólogos que operan con ética en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) e informan sobre la interferencia parental a pesar del contraste ideológico que existe en la subdirección a cargo de Rubén Jorge Salazar Ojeda. Además refirió lo positivo del avance de la tecnología que ha permito una evolución a la digitalización de expedientes en el Poder Judicial a cargo de esta administración.

Confió en que se plantee una reestructura interna en la Dirección de Intervención Psicológica y Terapias porque el papel de la psicología en la impartición de justicia no es asertivo en los casos donde existe manipulación parental sistemática, por lo que ponderó que éste fue un tema que la sociedad civil abordó en las conferencias que se llevaron a cabo recientemente, organizadas por la DEIPAJ.

“Desde el tercer sector convocamos a coadyuvar en la evolución del Poder Judicial poniendo foco primordial en materia familiar donde se ven destinado el presente y futuro de nuestra niñez y con ello purgar la dirección de intervención psicológica y la dirección de CECOFAM que pareciera el intestino judicial donde es absorbida y estancada nuestra niñez mexicana por años”, remarcó.

Exhortó por enésima ocasión a la coordinadora de la Dirección de Evaluación e Intervención Psicológica para Apoyo Judicial del Poder Judicial CDMX, Mariana Ortiz Castañares, a reestructurar su dirección como responsable debido a las malas prácticas documentadas por parte de los funcionarios Aline Liliana Miranda Hernández, Directora de CECOFAM; de Rubén Jorge Salazar Ojeda, Subdirector de Intervención Psicológica; de Rocío López Orozco, subdirectora de Evaluación Psicológica; de Jorge Marín, Subdirector de CECOFAM Plaza Juárez; así como de los Terapeutas, Xóchitl Berenice Padilla Márquez, Joshua Xahil Vargas Gallegos y Marlene Ramírez García.

MAAS Infancia Feliz aclaró su posición para respetar “la imaginaria idealización” que llevan a la práctica dichos funcionarios de esas áreas, “pero no coincidimos por lo que los invitamos a poner en la mesa los datos objetivos de prueba que no son éticos y existen malas prácticas que afectan a las niñas, los niños y adolescentes usuarios de la DEIPAJ”.

Destacó, asimismo, sobre la existencia de prueba de posibles violaciones a derechos humanos de la niñez y posibles delitos de usurpación de funciones y lo más grave, la omisión de funcionarios de esta dirección ante maltrato infantil, “y ya no hablemos de la corrupción de psicólogos.

“Desde la voz de mil 643 familias rechazadas y discriminadas por CECOFAM y los objetivos datos de prueba que tenemos, les decimos que ‘ya no confiamos en ustedes’. En esa área son tan pocos los psicólogos éticos y profesionales, que inexplicablemente los quitan”, refirió para finalizar: “Por otro lado, la Dirección General de Estudios Judiciales, tiene mucho que hacer”.

La finalidad de esta razonable problemática presentada por parte de la asociación civil MAAS Infancia Feliz al PJCDMX, es para que en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura de la capital de la República, Magistrado Rafael Guerra Álvarez, tome cartas en la solución y delicadeza de este asunto, esperando que en breve sean convocados a una audiencia para sus efectos.