Reforzar protección de candidatos que participarán proceso electoral

La Comisión de Seguridad Pública aprobó un dictamen para exhortar a las autoridades electorales y de seguridad pública, del ámbito federal y de las 32 entidades, a reforzar las estrategias de seguridad, a fin de garantizar la protección de las y los candidatos que participarán en el proceso electoral 2025-2026.

El proyecto, avalado por el órgano legislativo que preside la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, pide que también se garantice la protección de funcionarios públicos y ciudadanos, con el objetivo de fortalecer la gobernabilidad democrática y el libre ejercicio del voto.

En el dictamen, la comisión destacó que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez promovió este punto de acuerdo, porque “la violencia político-electoral sigue representando un reto”, pues el número de casos de este tipo pasó de 78 en 2020 a 656 en 2024.

Además, subrayó que el próximo 1 de junio de 2025, las y los mexicanos elegirán 881 cargos del Poder Judicial, además de diversas posiciones estatales, por lo que se requiere garantizar condiciones óptimas de seguridad para asegurar el adecuado desarrollo de los comicios, pues la “violencia político-electoral no solamente pone en riesgo la vida de los actores políticos, sino que también vulnera la confianza ciudadana en el proceso democrático”.

Por ello, los senadores coincidieron en la necesidad de fortalecer las acciones de coordinación entre las autoridades de seguridad pública y las encargadas de organizar los procesos electorales de los tres órdenes de gobierno.

Se trata, enfatizaron, de proporcionar la seguridad necesaria a quienes participan en los procesos electorales, ya sea como candidatos, como funcionarios electorales y, sobre todo, a los ciudadanos que el día de la jornada electoral participarán como funcionarios de casilla.

La Comisión de Seguridad Pública también avaló el dictamen con punto de acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales y estatales a fortalecer la coordinación de sus acciones de investigación, búsqueda, localización, rastreo y, en su caso, decomiso de artefactos explosivos improvisados, elaborados y utilizados por la delincuencia organizada.

Además, otro punto de acuerdo para pedir a las secretarías de seguridad de las 32 entidades de la Republica que identifiquen y retiren las cámaras de videovigilancia y equipos de videograbación instaladas de forma irregular.