Revelan que Ricardo Barco es archimillonario al consumar la Estafa Maestra en contra de ex Ruta-100

. BLAS A. BUENDÍA. ………………………………

En el transcurso de los últimos 30 años, los trabajadores que fueron víctimas aleatorias en la quiebra de la Ruta 100, el otrora asesor jurídico Ricardo Barco López —hoy bajo proceso, luego de andar prófugo de la justicia durante tres décadas—, logró convertirse en un archimillonario de bajo perfil tras la maquinación de una Estafa Maestra que recae en el delito de fraude administrativo cometido, afectando el patrimonio de 12 mil choferes urbanos con base a sistémicos engaños e intrigas que formuló para saquear la riqueza del entonces Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos (SUTAUR-100).

En la interpretación de hechos que están asentados en sus declaraciones ministeriales tras ser arrestado el 26 de mayo del año en curso, cuya orden de aprensión fue librada por la Novena Sala Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México por colusión delictiva donde participaron líderes sindicales y autoridades administrativas, por años esta causa fue omitida dolosamente por el juzgado 35 penal con sede en el Reclusorio Preventivo Norte, relativa a la causa penal 37/2020, involucrándose a toda una pandilla de 43 indiciados denunciados por cuando menos 340 ofendidos.

El comité ejecutivo del SUTUAR fue afectado por decisiones inductivas y políticas del entonces sector patronal institucional que llevaba la nomenclatura del Departamento del Distrito Federal (DDF), cuyo regente era el priista Óscar Espinosa Villarreal.

El SUTAUR estaba compuesto por 12 dirigentes, siempre liderados por el sempiterno Ricardo Barco López, seguido por Gabino Camacho Barrera (líder “moral”), quienes fueron y siguen siendo los principales autores intelectuales y materiales de la Estafa Maestra en contra de la organización sindical Ruta-100.

En un organigrama de complicidades, figuraban José Ernesto Ávila Vázquez, Octaviano Sánchez Palma, Filemón Ponce Cerón, Marcos del Razo López, Eduardo Jauregy Santos, Alberto Loza Gutiérrez, Salvador Hilario Carabantes Cisneros, Eduardo Hernández Quiroz, Jorge Núñez Carrasco y Cristóbal Flores de la Huerta.

Había un control administrativo de los dineros millonarios que movía el SUTAUR-100, a través de 12 entes, integrado en un Fideicomiso bajo la nominación F-100, ramificándose en paralelas responsabilidades administrativas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Administradoras de Fondos Populares, S.C.; Servicios Analíticos de Previsión Social, S.A. de C.V.; Bank One, Arizona, Na.; Asesores Patrimoniales, S.A. de C.V.; Sistema de Integración de Grúas de micro-asalariados, S.A. de C.V.; Sistema d

Administración del Transporte, S.A. de C.V.; SMT-17 de Marzo, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.; AU Siglo Nuevo, Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V.; Autotransportes Metropolitanos Nuevo Milenio, Sociedad Cooperativa, R.L. de C.V.; todos éstos fueron constituidos en Cartas de Instrucción, emitidas por el Comité Técnico del Fideicomiso F-100.

En la valoración del cúmulo probatorio obrante en el expediente penal, en escrito inicial y ratificado con posterioridad a la denuncia presentada el 17 de julio de 2001 por el ofendido José Raúl de los Santos Hernández, respaldado por 340 agraviados más, denunció que fueron despedidos masivamente de sus centros de trabajo, en colaboración de la fuerza pública, a más de 24 mil trabajadores, hechos registrados el 8 de abril de 1995, argumentándose por parte del entonces DDF la quiebra técnica de la Ruta 100, la cual fue ordenada por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y ejecutoriada por el regente Óscar Espinosa Villarreal.

Si bien con el “respaldo” de la fuerza pública del Estado fueron desalojados por medio de la confusión político-obrero-social a miles de choferes de la Ruta 100, fueron arrestados sus principales dirigentes y su comité ejecutivo que con el devenir de la historia, lo único que recibieron a cambio fue el robo, el saqueo y el fraude cometido directamente por los desvergonzados autores intelectuales y materiales Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, “dejando títere sin cabeza”, reza el refrán.

No obstante, esa dupla de rufianes que se encontraba privada de su libertad —que a partir de ese entonces ya olían a carne de presidio—, aun engañando a los trabajadores, incluyendo a la representación del SUTAUR, instituido el 27 de febrero de 1982, convocaban asambleas indebidamente dentro del propio Reclusorio Preventivo Oriente.

El alcalde en turno les permitía violar el reglamento carcelario a través de prebendas que le ofrecieron los defraudadores, copartícipes de la mayor transa que se haya registrado en este organismo público descentralizado, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de agosto de 1981, y desaparecido el 8 de abril de 1995, tras 14 años de brindar el mejor servicio de transporte urbano que se le haya ofrecido a la sociedad.

El propósito de esas asambleas era para hacer un balance sobre las acciones que había emprendido el gobierno zedillista en contra de Ruta 100, más aún que dichos dirigentes, con base a artimañas, “era también para los efectos de continuar siguiendo ser actores políticos” del conflicto que se había generado en torno a esta central camionera.

En 1995, supuestamente para obtener mayor credibilidad entre los trabajadores, desde el interior de la propia cárcel —victimizándose de su mal proceder—, impulsaron que se crearían Comisiones Promotoras para los proyectos productivos “que se venían llegar”.

Con la autoría intelectual y la maniobra con las personas citadas, fueron formalizadas en el mes de marzo de 1996, 56 promotores para proyectos productivos, y un mes después, teniendo ya su plan financiero y legal, por la vía de comunicación celular, Ricardo Barco López tuvo la osadía de manipular a los trabajadores para el efecto de que los proyectos productivos funcionarían si cada uno de los trabajadores invertían un 30% de sus liquidaciones, o más.

El engaño barquista fue sistémico ya que entre la comunidad intelectual se consideraba que no tenía sed ni recato alguno para seguir acumulando una riqueza descomunalmente indebida bajo la explotación de la base trabajadora. Llegó el momento de la degradación y el descaro en que, desde prisión, prometía que con esos porcentajes “se generarían fuentes de trabajo” y que “los beneficios sería en tres aspectos”.

Salarios y prestaciones superiores a las que tenían cuando existía Ruta-100; del fondo de inversión que se formaría “percibirían intereses”, y que los beneficiados serían los trabajadores, mientras se acercaban a sus jubilaciones, pues aparte de lo anterior, “recibirían una jubilación vitalicia”.

Pasados más de 29 años de intensas luchas laborales, políticas y sociales, las aportaciones del 30% de sus liquidaciones y la generación de empresas para los12 mil trabajadores, surtieron sus efectos negativos desde el inicio del conflicto.

Ese aspecto se recrudeció en los trabajadores al caer en la incertidumbre, la zozobra y la oscilación de ofrecimientos fallidos, esperando ahora que el juez 35 que integra la causa penal, así como de los magistrados penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, cumplan con su histórico papel de hacerles justicia.

¿Y cómo sería esa justicia?, cuestionan los agraviados, quienes a lo largo de casi 30 años solo han vivido tragedias y dolor.

Ante lo relevante de este pecaminoso fraude inmoral, los ex trabajadores de la R-100 esperan que por cuestiones humanitarias y por tratarse de un extraordinario grupo que se integran en la Tercera Edad, los impartidores de justicia inclinen la balanza de la Diosa Themis a su favor.

Decretar en consecuencia la Reparación del Daño de los particulares defraudados, así como el reclamo del Daño de Estado que el propio sistema gubernamental permitió que se consumaran quinquenios y décadas porque sus funcionarios emanados de los partidos políticos PRI, PRD y Morena, actuaron con omisión y sigilo, considerado que la política del transporte urbano masivo en territorio mexicano, desde siempre ha sido “una mina de oro”, mismo que ha servido para costear elecciones populares.

Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, cabe precisar, con toda procacidad ahora huyen de la justicia, toda vez que permanentemente se les consideró prófugos de la misma, hasta que la Policía de Inteligencia judicial perteneciente a la Fiscalía capitalina, exhibiendo una orden de aprehensión, fue detenido al primero de ellos, solo que sus abogadores defensores apelaron que como se trata de un personaje de la tercera edad (78 años), arrastrando cuadros de enfermedades crónicas y degenerativas producto por la edad (herpes zóster, con dolor crónico que físicamente lo debilitan), ¡pagó una fianza de 26 millones de pesos! para seguir su procedimiento en “libertad” bajo la figura de arraigo domiciliario.

Lo que estos bribones prometieron y lograron, fue traicionar a los ex trabajadores de la R-100; su ambición se centró para concentrar una riqueza monstruosa —según consta en el expediente judicial—, que si bien se consumó el delito de fraude administrativo previsto en el artículo 386 del Código Penal Federal mexicano, ahora enfrentarán todo el rigor del aparato de justicia tanto local como federal, ya que dañaron severamente el patrimonio de terceros.

Es de hacer notar que, para que se configure este delito, debe existir un previo acuerdo de voluntades, es decir, una Asociación Delictuosa. Se puede llegar a imponer prisión como parte de la pena a quien cometa este tipo de infracciones en contra de la sociedad, y es lo que está viviendo de forma aterrorizada Ricardo Barco López. Nunca creyó caer en manos de la justicia ya que tenía “padrinos” en cada uno de los gobiernos que han desfilado en la Ciudad de México.

A más de 29 años, los más de seis mil trabajadores inversionistas que aún quedan con vida, “nunca se les ha cumplido con nada”, porque a través del tiempo, los defraudadores se olvidaron de tener un ‘fraternal corazón’, ya que hasta hoy en día, “nunca han soltado un solo centavo” de las millonarias ganancias que sigue percibiendo Ricardo Barco López y su camarilla.

El procedimiento judicial todavía tardará años para que cause Estado, porque Gabino Camacho Barrera, en lugar de huir de la justicia luego que su compinche Ricardo Barco fuera atrapado por la Policía de Inteligencia Judicial —tras andar prófugo por casi tres décadas—, promovió un amparo “para evitar su encarcelamiento”, hasta que aclare en tribunales referente a los cargos que se le imputan, es decir, su entramado fraudulento que también le permitió saquear las arcas de la ex Ruta 100.

“Nos engañaron culposa y dolosamente para inducirnos al error y obtener un beneficio económico sin autorización y derecho”, se suscribe en actas conceptuales las declaraciones de los afectados que, en consecuencia, pidieron respetuosamente al Presidente de la República, instruya tanto a la Fiscalía General de Justicia como al Poder Judicial, ambos de la Ciudad de México, en primer lugar que “no nos abandonen”.

Precisaron, porque Andrés Manuel López Obrador es el personaje que sabe más del fraude camionero urbano de la capital cometido por los exlíderes Ricardo López y Gabino Camacho, desde hace tres décadas, y que en su momento el Ejecutivo local incurrió en omisión cuando tenía en sus manos el poder de decisión para encarcelar a los hoy acusados, es decir, hace 20 años cuando fungía como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

Y, segundo, que a través de las instancias jurisdiccionales, a los ex choferes de la R-100, se les haga ¡justicia, pronta y expedita!, porque infinidad de sutaures son de la tercera edad, quienes a pesar de su condiciones humanas, siguen debatiendo sus vidas entre la pobreza y la miseria, y que paralelo a ello, en siguen enarbolando una titánica lucha jurídica y moral para recuperar el daño patrimonial de Estado que fueron víctimas y que asciende a más de mil millones de dólares.

De los 12,004 sutaures que iniciaron en 1995 esta disputa legal, la mitad de ellos ya fallecieron por diversas circunstancias, entre lo que se encuentra su líder moral, Jorge Cuellar Valdez, acaecido el martes 26 de septiembre del año 2023, quien dejara un legado de tenacidad y perseverancia que aún se escuchaba en todos los rincones de la Plaza de la Constitución: “¡Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar, por una vida digna, obrero y popular!” “¡SUTAUR vive, la lucha sigue!” ”¡Si no hay justicia, no habrá paz!”