SANTO Y SEÑA

. AGUSTÍN DE LA CRUZ NORIEGA. ………………………

Seguramente cuando José Luís Cervantes Martínez fue designado Fiscal General de Justicia del Estado de México, sabía que le tocaría bailar con la más fea de la fiesta.

Los diagnósticos y estadísticas de los delitos cometidos, sumados al reconocimiento de la imperante corrupción predominante en lo que fue la Procuraduría estatal, no eran para presumirse.

Quizá por eso, una de las primeras acciones que fueron emprendidas estuvo enmarcada con la depuración de servidores públicos. Un operativo de saneamiento en el que vieron involucrados empleados públicos de diversas áreas.

Ceses, rotaciones, despidos, separación de los cargos, iniciación de procesos administrativos y legales, que incluyeron sentencias condenatorias por la participación en diversos ilícitos y consignaciones que en total sumaron más de 2 mil. 

Desde que tomó posesión del cargo, el Fiscal Cervantes Martínez fue categórico en su intento para erradicar la corrupción, abuso de autoridad y malas prácticas del personal para ofrecer un servicio eficiente a la sociedad mexiquense.

En las filas de los 8 mil servidores públicos que conforman la Fiscalía General de Justicia mexiquense, se supo desde un principio que eran tiempos de renovación para buscar la eficiencia y que la administración de la justicia cumpliera sus objetivos.

No está de menos recordar que el Congreso Local del Estado de México designó por unanimidad de votos al licenciado José Luis Cervantes Martínez como nuevo fiscal, por un periodo de nueve años, y que en automático surgió la incógnita de cuál sería la ruta a seguir.

A estas alturas valdría la pena saber cuáles son los avances en esa meta trazada para administrar la justicia.

Conocer cuál es la nueva realidad. Tener un análisis porque en el Estado de México se anunció la baja de delitos, de acuerdo a la valoración de las autoridades que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

En la administración de la profesora Delfina Gómez Álvarez, como gobernadora, los resultados positivos se han obtenido gracias al trabajo conjunto que realiza la Fiscalía General de Justicia con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Aunque parecía complicado lograr el fortalecimiento del trabajo, debe destacarse la coordinación de instituciones del gobierno federal como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), policías municipales y autoridades de otros estados de la República Mexicana.

Un aspecto relevante en las acciones gubernamentales, es que no hay tintes políticos ni colores partidistas. Que se tiene claro que la sociedad busca seguridad, tranquilidad y vivir en paz.

Aunque la realidad es compleja por diversos factores. Uno de ellos es la dispersión territorial que tiene la entidad, con polos extremos en la geografía.

De los 125 municipios la cartografía revela que los hay colindantes con los estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México.

No hay otra entidad que esté vinculada en el mapa con nueve gobiernos en los que la pluralidad partidista esté presente.

Frente a ese panorama, los consensos, acuerdos y relaciones entre los responsables de las Fiscalías, demandan unificación de criterios y políticas públicas que tengan gestiones compartidas.

Aunque Cervantes Martínez tiene un perfil de jurista alejado de pretensiones políticas, queda claro que su esmero en las funciones  se caracteriza por la pulcritud en las estrategias de las tareas que le competen como Fiscal General de Justicia.

Armonizar objetivos con 9 entidades federativas y las dependencias del Gobierno Federal que confluyen en la responsabilidad del ramo, no es una tarea que pueda realizarse con superficialidad o con actitudes que puedan enmarcarse en el protagonismo. Requiere de sensibilidad y compromiso.

Lograr un Estado de Derecho vigente, real al que tenga acceso la sociedad en su conjunto, es un reto nada envidiable pero sin duda una oportunidad para alejarse de las quimeras y las pesadillas.