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Santo y Seña     

. Agustín de la Cruz Noriega. ………………………..

ZARANDEADA JUDICIAL. Acontecimientos registrados en el Estado de México, han acaparado la atención de la opinión pública.

Esos eventos que van desde la tortura a especies animales, hasta la detención de políticos caídos en desgracia por su torpeza y proceder al margen de la ley, conforman una agenda de sobresalto.

Hechos que incluyen secuestros, extorsión, cobro de piso, asesinatos, detención de integrantes de bandas delincuenciales, confiscación de bienes materiales que suman cantidades escandalosas de dinero, desarticulación de grupos organizados para delinquir y robos a mano armada, son parte de los sucesos.

Inmersa en esa vorágine de delitos, se encuentra la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Ha sido un remolino de contingencias que de haber sido ignoradas, permanecerían impunes y dejarían desamparada a la sociedad mexiquense. Habrían causado un caos social de dimensiones inimaginable.

No puede pasarse por alto la efectividad de las corporaciones que de manera coordinada han hecho a un lado su origen político y su configuración administrativa, ya que a pesar responder a diversas ideologías partidistas, han podido superar los efectos electorales.

En particular destaca la reacción tenida por el equipo de trabajo integrado por el Fiscal General José Luís Cervantes Martínez, que está formado por profesionales en cada una de las áreas involucradas.

Llama la atención el personal que tiene como tarea principal la investigación (Policía Ministerial) y el de ministerios públicos encargados de integrar las averiguaciones previas para realizar las consignaciones ante los juzgados del ramo penal.

Podría pensarse que quienes tienen bajo su responsabilidad esos trabajos, fueron incorporados a la FGJEM a la llegada del Fiscal Cervantes Martínez, pero no es así.

Son expertos con experiencia y, en ocasiones, con un servicio de carrera que revela la formación académica y en el terreno de los hechos.

Previo a estudios y diagnósticos serios y profundos, es de pensar que se tomaron decisiones para valorar en su justa dimensión quiénes estaban aptos para continuar en el desempeño de sus funciones.

Que se hicieron valoraciones acordes al proyecto de Fiscalía que Cervantes Martínez diseñó desde el momento mismo en que fue considerado como prospecto para ocupar y desempeñar el cargo.

La confianza que el Fiscal General ha depositado en sus colaboradores, es uno de los elementos que constituyen el soporte para alcanzar los objetivos trazados para garantizar el Estado de Derecho al que seguramente pretende arribar.

Meticuloso y profesional como ha demostrado ser, quizá caiga en la obsesión de buscar el perfeccionamiento, pero es entendible porque está visto que el reto mayúsculo no permite distracciones, desvíos o tratos que estén distanciados de la legalidad y la aplicación de la esencia jurídica.

Podría pensarse, o suponer, que todo está bien. Que quienes pertenecen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pueden dormirse en sus laureles o adoptar triunfalismos y colgarse reconocimientos por los éxitos alcanzados.

Esa es una premisa alejada de la realidad. Porque si bien es cierto que hay una disminución en las estadísticas de delitos cometidos, también lo es que por razones naturales delinquir es una reacción del ser humano que nunca podrá desaparecer.

Las Mesas por la Paz que encabeza la gobernadora Delfina Gómez, en las que impera el respeto y la libertad para que cada dependencia ligada a la seguridad pública haga y cumpla su trabajo, son parte de una estructura perfectamente planificada.

Son diagnósticos que surgen del acontecer diario y en el que no solamente se atienden hechos consumados, sino tareas de prevención para buscar la paz social que demanda la sociedad.

Cervantes Martínez tiene elementos suficientes como para saber que va por buen camino, pero no para ubicarse en los terrenos del  conformismo.

Uno de ellos es la percepción estadística en donde se marca que la inseguridad va la baja y de que los homicidios dolosos han disminuido. La incidencia delictiva, según revelan las cifras, se reduce.

Seguramente en su proyecto tendrá contemplado que junto con las evaluaciones y la acción, la capacitación es un principio fundamental.

No puede perder de vista que nunca falta un negrito en el arroz y que, ni duda cabe, habrá quien se resista a la disciplina y al principio de la honestidad porque delinquir también forma parte de la función pública. La inmoralidad no es una prerrogativa de los delincuentes, sino también involucra a los servidores públicos.

Ah también se debe tener presente que el jurista está totalmente alejado de tintes políticos o de disputas personales, es decir la aplicación de la ley sin filias ni fobias.      

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