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Un gobierno doblegado por proterva hermandad del narco-poder




El prestigiado abogado penalista Alberto Woolrich Ortiz, dijo que es imperdonable que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya doblegado ante el poderoso brazo ejecutor del narcotráfico, ya que dista mucho lo prometido en campaña con la cristalización de sucesos que dejan en el desamparo a millones de mexicanos que claman “¡justicia!” por tantas desapariciones y presuntos crímenes de Estado

En su calidad de presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio de Abogados de México, A. C., comenta que al tomar posesión del muy honroso cargo de Primer Magistrado de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, le aseguró tanto a chairos como a fifís, a nacas como a señoras, que uno de los ejes cardinales, esenciales, vitales de la política de la Cuarta Transformación de la República lo sería, sin duda alguna, el respeto irrestricto a la transparencia de la justicia y el combate frontal al fenómeno de la corrupción inserto en las instituciones de procuración e impartición de la misma, y consecuentemente investigar, aprehender, juzgar y condenar a aquellos que se encargaron de denigrarla.

El jurista lamenta que lo antedicho no haya sido llevado a la práctica en bien de la Nación. “Los notorios y notables escándalos jurídico-políticos propiciados y provocados por las embestidas, dichos, decires, ocurrencias e incongruencias del Poder Ejecutivo contra sus adversarios, lo han evitado”, remarca.

Quizá –añade- lo expresado estimule y extasíe a Andrés Manuel desde una perspectiva de carácter político-electorero, mucho más que su ya nada creída retórica inaugural de su mandato, aquello de que toda la corrupción de la elocuencia y delincuencia política ocurrió más allende de su triunfo electoral, como si los delitos perpetrados por la “mafia del poder” acontecieren en siglos ya muy pasados.

Y abunda: Ni en la historia jurídico-patria, ni en nuestros precedentes indudables mediatos o inmediatos, ni en las reivindicaciones que se requieren y resultan ser indispensables en el campo de la justicia, jamás se contempló o permitió una formula atenida a una infame subordinación a mandatos incongruentes.

Sin embargo ni transparencia, ni lucha frontal contra la corrupción han sido los verdaderos estandartes con los que marcha el Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

A ningún partido político, ni de gobierno, ni de oposición, se le ha ocurrido cuestionar la legitimidad democrática de la llamada Cuarta Transformación de la República, por las circunstancias de que unos son mayoría en el Congreso de la Unión y otros de oposición, por consecuencia lógica resultan ser minoría.

Pese a los gravísimos episodios de incongruencia, confrontación y crisis provocados por la protección de la bien llamada narco-política que refleja una intrusión de la delincuencia y de la mafia de las drogas en sectores y aparatos del poder, lo que se demuestra con la indignidad jurídica reflejada con posterioridad a la detención de Ovidio Guzmán López en Culiacán, evidenciando con ello la indignidad de las funciones esenciales de garantía de legalidad e independencia que provee la justicia.

Es inconcebible la falta de previsión para la extracción de un objetivo prioritario en el caso de referencia, por antecedentes históricos se sabe que para substraer a un delincuente de su zona de control y confort se requiere la utilización, planeación y ejecución de órdenes previamente bien planeadas a fin de evitar el ridículo consecuencia del fracaso.

No es la primera vez que órganos de Poder del Estado efectuaban la detención de grandes delincuentes, basta recordar la limpieza con las que se efectuaron las detenciones y substracciones de su zona de seguridad de grandes objetivos delincuenciales como lo fueron Osiel Cárdenas Guillén en Matamoros y uno de los Arellano Félix en Puebla, operaciones emblemáticas que iluminaron a la justicia y legalidad de la República.

Las influencias de la proterva hermandad del delito superaron con creces la estrategia de la Cuarta Transformación para casos como el descrito en el que el gobierno se doblegó ante el poder del narcotráfico que se infiltró en nuestras instituciones de procuración e impartición de justicia y si a ello agregamos las deferencias denotadas en aquél saludo a la abuela de aquél objetivo prioritario, entonces estamos postrados ante la incongruencia de los decires de Andrés Manuel López Obrador.

Consecuentemente a lo expuesto en líneas precedentes, sólo resta decir ¿Dónde quedó el respeto irrestricto a la trasparencia de la justicia y el combate frontal al fenómeno de la corrupción latente y vigente en las instituciones de procuración e impartición de la misma? ¿Será que algún día reaccione Andrés Manuel y cumpla su palabra?

Como colofón, críticos del sistema advierten que ese tipo de mandatarios en América Latina –está demostrado- llegan al poder por el decoro de la vía democrática que, sin embargo, con base al engaño a los pueblos, se establecen como gobiernos legítimos para explotar y finalmente expropiar la riqueza de los poderosos barones del narcotráfico que a lo largo de América Latina, existen fehacientes pruebas de haberse instalado hasta gobiernos de facto, gobiernos paralelos a los constitucionales.

En términos llanos, se trata de la necropolítica que es un concepto que hace referencia al uso del poder social y político para dictar cómo algunas personas pueden vivir y cómo algunas deben morir (…). Está relacionado también con la llamada “tanatopolítica”, que ha sido utilizado como sinónimo de la “necro” insinuada.

Y por supuesto, videos y testimonios fotográficos recientes existen en las hemerotecas donde María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, es saludada efusivamente por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solo por citar uno de tantos acercamientos que ha tenido el político tabasqueño con este tipo de agentes del narco-poder.

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