Urge en CONATRIB partida política para Poderes Judiciales sólidos.

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), hizo un respetuoso llamado al Congreso de la Unión y al Poder del Ejecutivo federal, para que en el próximo ejercicio fiscal 2023, contemple una restructuración presupuestal para el fortalecimiento de todos los poderes judiciales de la federación.

El presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), magistrado Rafael Guerra Álvarez, subrayó que resulta crucial la aprobación de una reforma constitucional que garantice a los poderes judiciales recursos presupuestales y financieros mínimos que les permita continuar con su función de desarrollar un sistema de administración e impartición de justicia en condiciones dignas y de calidad y apoyados en las tecnologías de la información.

Al participar en el foro virtual Digitalización y autonomía judicial para la pacificación social, organizado por la Mesa Directiva del Senado de la República, también enfatizó que es indispensable que el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y reformas futuras al Código de Comercio, incluyan disposiciones que permitan el uso de tecnologías de la información en el trámite de procedimientos judiciales.

Se requieren, puntualizó, poderes judiciales sólidos, capaces de implementar sistemas de gestión que incluso rompan los paradigmas tradicionales en la administración de justicia.

“De tal suerte que, a través de estos nuevos sistemas de organización y planificación del trabajo judicial en general, o en el caso de los juicios orales, de gestión de casos, de audiencias o de salas, se garanticen mayores y mejores condiciones de accesibilidad a la justicia, así como una tutela jurisdiccional efectiva que garantice la solución sustancial del problema en forma pronta y expedita”, precisó.

Con la presencia de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, el magistrado abundó que esos nuevos sistemas de gestión deben superar los derechos mínimos establecidos en el sistema jurídico, a fin de que el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia pueda llevarse a cabo no sólo de manera tradicional y dentro del horario laboral, sino en casi cualquier caso las 24 horas del día y los 365 días del año.

Con ello, agregó, se contribuiría a una mejor administración del tiempo, de los recursos y del trabajo, en beneficio de los justiciables, pero también de los propios poderes judiciales.

El también presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México reconoció que los poderes judiciales del país tienen el deber de garantizar un sistema de administración e impartición de justicia que, en forma híbrida o total, permita que las tecnologías de la información contribuyan a la celeridad de los procedimientos judiciales y sus trámites procesales en condiciones de seguridad e igualdad para todas las personas.

Se refirió, incluso, al desarrollo de la inteligencia y justicia digital artificial para ciertos trámites o procedimientos, como la identificación de personas en video, trámite de medidas cautelares o de protección, entre otros.

Guerra Álvarez, quien planteó siete puntos como estándar definido por diversos órganos internacionales para la consolidación e independencia de los poderes judiciales, enfatizó que la autonomía de éstos es pilar fundamental para que los justiciables accedan a los servicios de impartición de justicia y disfruten de la tutela jurisdiccional efectiva, con el fin de lograr la solución de un conflicto con lo que se restituyan sus derechos violentados, se le repare el daño ocasionado o se le reconozcan sus derechos vitales.

En la inauguración del acto virtual estuvieron los senadores Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña; la senadora Alejandra Lagunes Soto, así como el secretario ejecutivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, Armando Maitret Hernández, entre otros.